Chile: cuarenta años en el desierto

Por Marcelo Brunet Bruce

Cuarenta años: la mitad de una vida. Mi propia edad. La cantidad de años que conmemoraremos del Golpe de Estado que acabó con el gobierno de Allende.

Los mismos cuarenta años que, como dice el relato bíblico, el pueblo israelita vagó por el desierto tras la tentación de haber pretendido construir sus propios becerros de oro con pies de barro. En los 60 y 70 nuestra sociedad construyó sus propios dioses basados en la violencia, la intolerancia y el irrespeto.

Somos herederos de quienes rindieron culto a falsos ídolos. La ofrenda que nuestros padres y abuelos le tributaron fueron la violencia, la odiosidad y la descalificación. Aquella que detonó en 1967 con el PS declarando que “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima”. Hijos y nietos de aquella absurda e injustificable pero entendible reacción de la izquierda ante las oportunidades que la sociedad chilena negó a gran parte de sus hijos. Descendientes de aquello que desembocó en la Moneda ardiendo en llamas y una larga dictadura militar. Porque en eso Eugenio Tironi acierta: no habría habido un Pinochet sin un Allende. Nos ganamos nuestro peregrinar por el desierto: cuarenta años viviendo de odios y resentimientos.

Salir del páramo requiere analizar sin tabúes ni consignas los hechos ocurridos. Propongo algunos puntos de reflexión al respecto:

Uno: Allende no fue derrocado por su mal gobierno, sino por trasgredir gravemente el Estado de Derecho, la democracia y las garantías fundamentales de chilenos. Su gobierno pretendió, según la mayoría de la Cámara de Diputados, la “instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo” e hizo de la violación a la ley “un sistema permanente de conducta”. El riesgo de un autogolpe de los sectores más radicalizados, obnubilados por el ejemplo cubano es algo difícilmente refutable.

Dos: la caída de un régimen que deviene en ilegítimo es algo razonable, justificable y plausible. ¿Legitima aquello las infames violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura? En absoluto. Pero la sociedad tiene derecho, como última medida, a hacer respetar el Estado de Derecho y la libertad.

Tres: en Chile agentes del Estado violaron orquestadamente derechos humanos y merecen sanción ejemplar por ello. Eso es un baldón para toda la sociedad. Por aquello el Estado, en forma correcta, ya pidió perdón: en 1991 Patricio Aylwin, en ese entonces Primer Mandatario, lo hizo a nombre del Estado en cuyo nombre se cometieron delitos de lesa humanidad.

Cuatro: hechos tan graves ameritan peticiones de perdón. Ojalá de sus autores, quienes lamentablemente no las han hecho y parecen aún orgullosos de haberlas cometido. A falta de ellos, son válidas las de los políticos que respaldaron al régimen que las provocó.

Pedir perdón no es fácil. Coloca en aparente posición de menoscabo a quien lo solicita. "Todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar", diría C.S. Lewis, lo que hace más grandes a quienes pueden arrodillarse para hacerlo. Pero el perdón es un acto individual y no colectivo. En cuanto tal no puede impedirse que alguien que quiere pedir perdón lo haga, ni tampoco forzarle a hacerlo.

Cinco: resultan tan irracionales los perdones forzados como las exigencias a otros para que perdonen. Ambos devienen en respuestas poco sinceras. A las víctimas, de uno u otro bando, si es que pueden hacerlo, les toca absolver algún día a quienes les causaron dolor. Más que por sus victimarios, por ellos mismos y por los demás.

Por cierto, eximir a quien provocó un enorme daño requiere una disposición especial. Casi sobrehumana. Perdonar lo inexcusable, diría Lewis, nace de la caridad. Sin embargo lo excusable debe ser perdonado por mera justicia. Así ¿podemos seguir culpando a los reclutas que cumplían órdenes? ¿O a los hijos de asesinados que tomaron las armas contra la dictadura que mató a sus padres?

Seis: podrá ser que no llegue a existir suficiente justicia o toda la verdad, pero en la vida real no hay soluciones perfectas. Cuarenta años hacen casi imposible hacer justicia con propiedad. Las pruebas inculpatorias y exculpatorias, lo mismo que los autores de los actos, se extinguen con el paso del tiempo. Es duro decirlo, pero incluso la justicia tiene fecha de vencimiento, y en muchos casos, a 40 años, parece más reyerta que virtud.

Siete: exijamos a todos por igual. Lo que hoy se le imputa a Cheyre, "culpa ética", por un acto en el que no pudo actuar de otro modo, y que justifica que se le fuerce a renunciar a su cargo, no es la misma consideración que se tiene, por ejemplo, para exigirle a Guillermo Teillier que renuncie a su escaño, tras confesar su participación intelectual en hechos de sangre contra chilenos.

Cuarenta años vagando por el desierto de la intolerancia es más que suficiente. Ya es tiempo de jubilar a una generación política completa que aún parece vivir en la lógica de la Guerra Fría, azuzando a conveniencia a sus propias “Barras Bravas” de odio e intolerancia. Chile requiere salir de su desierto. Sin olvidar, parece forzoso perdonar y prometer evitar cometer los errores de antaño.

No sería justo que en 10 años más fuera necesario escribir esta misma columna.