Derecho humano o propiedad privada

GONZALO LEÓN -.

El próximo 7 de diciembre se pone fin al plazo para que los grupos económicos que son dueños de medios de comunicación audiovisuales entreguen sus planes de adecuación a la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Y el lunes 10 de diciembre entra en vigor, si todo sale bien, la ley aprobada hace más de tres años y que creó el AFSCA. ¿Cómo fue que una ley tuvo que aguardar tanto tiempo para empezar a aplicarse? En Argentina no hay Tribunal Constitucional, pero sí existen las medidas cautelares en los tribunales que, en términos prácticos, hace que se suspenda la aplicación de una norma mientras se defina su fondo. Ese fondo es la constitucionalidad no de la ley, sino de un par de artículos, uno de ellos transitorio.

La ley 26.522 no fue un antojo del gobierno de Cristina Fernández para dañar al grupo de medios más grande y que más oposición le ha hecho, el Grupo Clarín, sino que nació como una inquietud de diversos actores sociales que confluyeron en 2004 en lo que se llamó Coalición por una Comunicación Democrática, que abogaba, entre otras muchas cosas, por un acceso más igualitario a los medios de comunicación y también por una desconcentración de ellos. Esta demanda fue recogida por Cristina Fernández y se organizaron veinticuatro foros a lo largo del país para debatir sus imperfecciones. Más tarde un grupo pequeño sistematizó esa información y se envió al parlamento como anteproyecto de ley, donde finalmente fue aprobada y promulgada un 10 de octubre de 2009. Desde un primer momento Grupo Clarín se opuso a la ley. Así es que cuando se promulgó entabló una medida cautelar que duró años.


¿Pero qué es lo tan terrible que Clarín se oponga a la denominada “ley de medios”? En primer lugar el acceso a la información se cataloga ahora como un derecho humano, dejando de ser una mercancía, o como señala la misma ley, se considera “de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”. En términos prácticos, la norma aboga por una desconcentración: cada grupo económico podrá tener hasta veinticuatro licencias de señal de cable y diez abiertas, que incluyen radios AM, FM y TV por aire. Según Clarín, ellos poseen casi ciento sesenta licencias de cable y, según el gobierno, casi doscientos cincuenta. En cualquier paso el grupo está excedido. Pero además hay algunas incompatibilidades, como prestar servicios públicos (la telefonía fija es uno) con los servicios de comunicación audiovisual. Por eso otro grupo en problemas es Telefónica, dueño de Telefe, que para estar en regla debería desprenderse del negocio de la telefonía fija o armar una sociedad diferente, pero a diferencia de Clarín no está en guerra con el gobierno ni puso ninguna medida cautelar.

Grupo Clarín ha difundido un sinfín de spots tanto en TN, su señal de cable, como en sus canales de TV abierta (el 13 es uno de los nueve que tiene, si se cuentan los de provincia), para defender lo que ellos creen es justo, esto es desconocer una ley que fue aprobada por el Congreso y conservar lo que es parte de su propiedad (licencias otorgadas con anterioridad). Para ello dice que la norma viola la libertad de expresión y sugiere que los diarios ya no podrán informar. Esto último es mentira por la sencilla razón de que ley no rige para los medios escritos. Y lo de la libertad de expresión lo asegura el mismo espíritu de la ley y no para algunos, sino para todos; esto es “el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”. No sólo se promueve la recepción, sino la emisión de la información. Y para ello hay licencias de cable que, teóricamente, cualquier organización vecinal o sindical podrían comprar. Sin embargo las licitaciones, hasta ahora, no han tenido el éxito esperado.

Que Clarín se desprenda de sus licencias de cable de aquí al 7 de diciembre –ya sea fusionando las licencias de cable de localidades vecinas, separando en distintas sociedades la propiedad de las redes de cable de la oferta de contenidos, diversificando las sociedades o vendiendo– es algo que cuesta imaginar. Más bien el escenario que se ve es una nueva prórroga o una batalla legal que el grupo no tiene problemas de dar porque tiene a los mejores abogados del país y porque tiene a una persona cercana en el consejo de la magistratura, que es el órgano que debe designar los jueces para definir la constitucionalidad de los dos artículos. Sea como sea, el 7D, que es como el gobierno le ha denominado a la fecha de término de los planes de adecuación, Argentina será un país diferente, si la justicia lo permite.


Publicado originalmente en Revista Punto Final